La Justicia no funciona adecuadamente, pero al final decide sobre políticas y servicios que sí lo hacen

La Administración de la Justicia es el servicio público peor valorado a lo largo de las dos últimas décadas: la mayoría de la población considera que no desarrolla su labor satisfactoriamente.
Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales. EP
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La Justicia española tiene un gran problema ante la opinión pública. La reciente dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha puesto en evidencia lo que la población española lleva diciendo durante décadas: la Administración de la Justicia, como servicio público que es, no funciona satisfactoriamente para la mayoría.         

El último barómetro de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS, publicado en el pasado mes de julio, recoge que tan solo una de cada cinco personas (22%) considera que el funcionamiento de la Administración de la Justicia es satisfactorio, mientras que dos de cada tres (68%) opinan lo contrario. Una diferencia neta de 46 puntos porcentuales a favor de los que ven con pesimismo el funcionamiento del tercer poder del estado.

Lo preocupante, en cambio, no es este dato. Va más allá, y hay dos aspectos relevantes a mi juicio.

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Sobre el autor

Endika Nuñez Larrañaga

Endika Nuñez Larrañaga

Ingeniero y analista de datos. Creador y editor de TheElectoralReport.